Clínicas suben alerta y advierten a sus asociados que "en un muy corto plazo varias isapres podrían incumplir indicadores e iniciar liquidación y quiebra”

Como industria directamente afectada por la crisis de las isapres, el gremio que agrupa a las clínicas elevó su nivel de alerta sobre la inminencia de un colapso del sector asegurador privado de salud al actualizar su diagnóstico sobre los efectos que tendrá la próxima aplicación de los fallos de Corte Suprema de no mediar una solución que posibilite una salida viable al sistema.

“En un muy corto plazo, varias isapres podrían incurrir en incumplimiento de los indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de Salud para su funcionamiento, iniciando los consecuentes procesos de liquidación y quiebra”, indicó Clínicas de Chile en una carta enviada a sus asociados a la cual tuvo acceso DF.

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Si bien la asociación ha venido advirtiendo permanentemente sobre los niveles de riesgo que enfrenta el sistema de salud privada desde que se agudizó el deterioro financiero de las isapres en 2021 y ha participado activamente de los intentos de solución, esta vez el escenario actual abierto por los tres fallos de la Corte Suprema sobre esa industria –el último de ellos por las primas GES a inicios de este mes- llevó el diagnóstico gremial a su mayor nivel de preocupación expresado hasta ahora.

“Hemos enfrentado una incertidumbre constante en los últimos años, con un sistema de salud privado en permanente crisis, ya sea desde el financiamiento o por anuncios de cambios regulatorios relevantes, que han ido desde múltiples reformas al sistema hasta nuevos marcos constitucionales. Sin embargo, hoy debemos enfrentar no solo la incertidumbre, sino que el riesgo real y tangible de colapso financiero abrupto de una o más isapres, gatillado por las implicancias del cumplimiento de los últimos fallos emitidos por la Corte Suprema en materia de adecuación, tabla de factores y GES”, detalla la carta.

Al respecto, subraya que lo anterior “traería consigo un impacto grave a los pacientes, además la interrupción de tratamientos y prestaciones a personas que necesitan atención continua, como son los pacientes con enfermedades crónicas, dializados, oncológicos, entre otros”.

Los factores de la crisis

Dentro de su propósito de “informar la grave situación que atraviesa el sector privado de salud”, Clínicas de Chile pasa revista a los principales factores que amenazan la estabilidad del conjunto de los prestadores privados, cuyo financiamiento proviene en más de un 60% de las isapres.

En este marco, el gremio enfatiza que la “situación es crítica” ya que las clínicas enfrentan una doble dificultad: las “deudas siderales que mantiene el sistema de isapres con nuestros establecimientos que superan los $563.000 millones a junio de 2023” y los fuertes efectos que tendrá para esa industria la aplicación de las sentencias de la Tercera Sala del máximo tribunal por tabla de factores y por prima GES.

“Producto del cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema por tabla de factores, el sistema de isapres enfrentará pasivos que se han estimado en US$ 1.400 millones en devoluciones, a lo cual se debe agregar US$ 400 millones de menores ingresos al año desde su implementación”, recuerda la carta. A ello, suma estimaciones respecto de las implicancias del fallo GES: "el cumplimiento -que se proyecta comenzará a aplicarse a partir de septiembre-, junto a las posibles devoluciones que determine la Superintendencia de Salud, implicará una disminución considerable de sus ingresos, los que se han proyectado en torno a los $ 50.000 millones mensuales”.

A partir de lo anterior, el gremio advirtió que las garantías legales existentes a nivel de las isapres “no serán suficientes para cubrir las acreencias, con lo que parte relevante de la deuda que éstas mantienen con el sistema prestador privado será simplemente incobrable. A ello, deberemos sumar la falta de financiamiento para diversas prestaciones, producto del potencial cese de funcionamiento de una o más aseguradoras privadas”.

La asociación recuerda que el sistema prestador privado también está haciendo frente a las altas deudas pendientes del sistema público, obligaciones que suman $382.000 millones a junio de 2023, de los cuales más de $ 200.000 millones corresponden a deudas de los servicios de salud, que se arrastran hasta por más de tres años. De la cifra restante del orden de $ 140 mil millones corresponden a deuda de Fonasa, ámbito en el cual añade que el seguro público “solo subió un 6,2%, menos de la mitad del 12,8% de inflación del año pasado, ha repercutido muy negativamente en nuestro sector”.

“En momentos complejos y desafiantes, tenemos el deber de informarles la situación para que tomen y evalúen los resguardos necesarios en cada una de sus instituciones”, señala el gremio a sus asociados.

Al mismo tiempo, enfatiza que “somos conscientes del rol y responsabilidad que nuestro sector prestador privado tiene en la atención de salud de los chilenos y chilenas, y queremos reiterar el compromiso con nuestra actividad y con los pacientes del sistema público y privado que dependen de nuestra operación”.